Abolir el sistema de prostitución : una responsabilidad sindical

Este mes de septiembre, CAP international estuvo presente en la Fête de l’Humanité, en Francia. Junto a la Fédération Syndicale Unitaire (FSU), la coalición participó en una mesa redonda titulada «Romper con el sistema de la prostitución y luchar contra la explotación sexual: una responsabilidad sindical». Claire Fortassin, del sindicato francés SNUEP- FSU, planteó especialmente la cuestión del lugar del trabajo, el consentimiento y las relaciones de dominación en el sistema de la prostitución. Encuentra su presentación abajo.  

Abolir el sistema de prostitución: una responsabilidad sindical  

Quisiera partir de una pregunta muy sencilla: ¿por qué una organización sindical como la FSU debe posicionarse sobre la prostitución? 

A priori, la prostitución parece bastante alejada de nuestro ámbito de intervención. Pero, en realidad, plantea cuestiones profundamente sindicales. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué aceptamos que entre en el ámbito del mercado? ¿Y qué significa realmente la libre elección cuando esta elección se ejerce en una sociedad atravesada por relaciones de clase y de género? Y, en definitiva, ¿qué buscamos defender cuando defendemos a las trabajadoras y los trabajadores? 

La posición de la FSU es abolicionista. Y ser abolicionista, evidentemente, no significa condenar a las personas en situación de prostitución. Es incluso exactamente lo contrario. El Modelo Abolicionista que defendemos despenaliza a las personas en situación de prostitución, combate a los proxenetas y las redes de trata, penaliza a los compradores de sexo que compran actos sexuales y exige que los poderes públicos proporcionen a las personas que quieren salir de la prostitución los medios materiales para hacerlo. 

Este es un punto esencial: las personas en situación de prostitución no son el problema. El problema es el sistema de la prostitución. Son quienes lo organizan y quienes alimentan la demanda comprando el acceso sexual al cuerpo de otra persona. Esta es la lógica de la ley francesa del 13 de abril de 2016: luchar contra el proxenetismo y la trata, proteger y acompañar a las víctimas, permitir itinerarios de salida y penalizar la compra de actos sexuales. Y para la FSU, esta ley debe ser defendida, pero sobre todo aplicada realmente y dotada de los medios necesarios. 

La cuestión de las palabras: «trabajo sexual» 

Quisiera comenzar por la cuestión de las palabras, porque está lejos de ser secundaria. Desde hace varios años, una ofensiva ideológica busca sustituir progresivamente los términos «prostitución» y «sistema de la prostitución» por los de «trabajo sexual» y «trabajadoras y trabajadores sexuales». 

Este cambio de vocabulario no es insignificante. Hablar de «trabajo sexual» ya supone dar una calificación política y social a la prostitución. Es incluso, en gran medida, zanjar el debate antes de haberlo abierto. Un trabajo es una actividad que produce bienes o servicios, que puede inscribirse en un empleo, dar lugar a una remuneración y abrir derechos. Y un oficio supone competencias, una cualificación, algo que puede aprenderse y organizarse profesionalmente. 

Por tanto, si la prostitución es un oficio, hay que llevar el razonamiento hasta el final. La compra de un acto sexual se convierte en un consumo como cualquier otro. Hay que aceptar que existan empresas para organizar esta actividad, intermediarios que obtengan beneficios de ella e incluso empleadores que contraten a personas encargadas de ejercerla. 

Y hay que ir todavía más lejos: si realmente se trata de un oficio, ¿hay que crear formaciones? ¿Definir competencias? ¿Formar a personas para realizar actos sexuales con el fin de responder a la demanda de un cliente? Son cuestiones muy concretas. Y precisamente el vocabulario aparentemente neutro de «trabajo sexual» tiende a hacerlas desaparecer. 

Esto es precisamente lo que rechazamos en la FSU. En septiembre de 2024, junto con la CGT, la CFDT y Solidaires, reafirmamos que la prostitución «no debe ser reconocida en ningún caso como un trabajo». 

Y este rechazo, evidentemente, no se basa en un juicio moral sobre las personas en situación de prostitución. Se deriva de nuestra concepción del trabajo, de nuestro análisis de las relaciones de dominación y de nuestra concepción del sindicalismo. 

No todo lo que proporciona un ingreso es necesariamente un trabajo. 

Se nos opone regularmente un argumento: toda persona que trabaja vendería, en última instancia, algo de sí misma. Una obrera vende su fuerza de trabajo, una profesora sus competencias, una persona en situación de prostitución un servicio sexual. Entonces, ¿por qué hacer una diferencia? Este argumento parece materialista. 

Pero solo lo es en apariencia. Porque toda la historia del movimiento obrero consiste precisamente en conquistar derechos para proteger a las trabajadoras y los trabajadores y en fijar colectivamente lo que una relación laboral puede, o no puede, permitir. 

Por supuesto que el trabajo implica al cuerpo. Pensemos en una auxiliar de enfermería. Levanta a pacientes, trabaja de pie, a veces de noche, repite movimientos, se agacha, se levanta y puede terminar su carrera con un cuerpo profundamente dañado por su trabajo. 

Pero ella no vende su cuerpo. Ejerce un oficio, moviliza cualificaciones y realiza tareas profesionales. 

Y el paciente nunca adquiere, por el mero hecho de beneficiarse de su trabajo, un derecho sobre su cuerpo. 

Frente a los daños que el trabajo le ocasiona, nuestra respuesta sindical consiste precisamente en tratar de reducirlos: mediante mejores condiciones laborales, la prevención y el reconocimiento de la penosidad del trabajo. 

Por tanto, este es un punto de referencia importante: no hay que confundir el cuerpo implicado en el trabajo con el acceso al cuerpo como objeto de la transacción. 

Y, más ampliamente, el derecho laboral se ha construido contra la idea de que un contrato bastaría para hacer legítima cualquier relación económica. Hemos prohibido el trabajo infantil. Hemos limitado la duración del trabajo. Hemos impuesto normas de salud y seguridad. ¿Por qué? Porque la existencia de un pago y de un consentimiento contractual no basta para hacer desaparecer las relaciones de dominación. 

Es incluso una de las razones de ser del sindicalismo: volver a situar la relación de fuerzas social detrás de la ficción de dos individuos perfectamente libres e iguales que celebran un contrato. 

Ahora bien, esto es precisamente lo que el vocabulario de la «prestación sexual» tiende a borrar. El comprador de sexo no compra cualquier servicio. Compra un acceso sexual al cuerpo de otra persona. Y es precisamente la naturaleza de lo que se compra lo que debe ser cuestionado políticamente. 

Como feministas y como sindicalistas, hemos luchado para que se reconozca que una relación de subordinación o de dependencia económica nunca otorga un derecho de acceso sexual al cuerpo de una trabajadora. Por tanto, sería profundamente contradictorio considerar que este poder económico, que combatimos en todas partes, podría convertirse en el principio mismo de una actividad profesional. 

El argumento de la elección individual 

Un segundo argumento se nos opone regularmente: la elección individual. Y este hay que tomarlo en serio. 

Sí, algunas personas adultas dicen haber elegido la prostitución y se definen a sí mismas como trabajadoras o trabajadores sexuales. No tenemos ninguna razón para negar su palabra individual. 

Pero una organización sindical no construye su análisis político únicamente a partir de las situaciones en las que las relaciones de dominación son menos visibles. Observa las estructuras. Observa las condiciones materiales en las que se ejercen las elecciones. Y observa las relaciones de poder. 

Ahora bien, la realidad del sistema de la prostitución nos recuerda algo esencial: está profundamente sexuado y atravesado por relaciones de dominación. Son mayoritariamente hombres quienes compran actos sexuales. Y son mayoritariamente mujeres y niñas, algunas menores de edad, quienes se encuentran en situación de prostitución. 

La precariedad económica, las migraciones, las violencias y las vulnerabilidades sociales ocupan un lugar central en él. Por tanto, no podemos razonar como si simplemente estuviéramos ante dos individuos abstractos, libres e iguales. 

Y, una vez más, nuestra experiencia sindical nos proporciona herramientas. Un trabajador puede perfectamente decir: «Yo quiero trabajar sesenta horas a la semana». Esto no nos lleva a pedir la supresión de la duración máxima del trabajo. Una persona puede aceptar trabajar por un salario extremadamente bajo. No deducimos de ello que haya que suprimir el salario mínimo. 

¿Por qué? Porque los derechos colectivos existen precisamente para impedir que la necesidad económica o la relación de fuerzas individual determinen por sí solas las condiciones en las que podemos disponer de nosotros mismos. 

El consentimiento individual existe. Pero siempre se ejerce en condiciones sociales determinadas. Por tanto, la cuestión sindical no es: ¿podemos encontrar a una persona que afirme haber elegido libremente la prostitución? Evidentemente que sí. 

La verdadera pregunta es: ¿qué sistema queremos establecer para el conjunto de la sociedad? ¿Y qué realidades sociales explota este mercado? 

Cuando son principalmente las mujeres quienes se encuentran en situación de prostitución y principalmente los hombres quienes compran, no podemos hacer como si el género desapareciera por arte de magia en el momento de la transacción. Y cuando la precariedad, las migraciones, las violencias y las discriminaciones estructuran el sistema de la prostitución, no podemos aislar el intercambio monetario de todo aquello que lo hizo posible. 

Para un sindicalismo de transformación social, la libertad no consiste únicamente en poder elegir entre las posibilidades que nos deja la necesidad. Consiste también en transformar las condiciones materiales que determinan esas elecciones. 

«Regular permitiría garantizar derechos» 

Probablemente este sea el argumento que más debe interpelarnos como sindicalistas. Porque utiliza nuestro propio lenguaje: los derechos sociales, la protección, la seguridad, la salud. 

Y, evidentemente, las personas en situación de prostitución deben tener derechos. Deben tener acceso a la salud, a la protección social, a la vivienda, a los papeles, a la justicia, a la seguridad y a recursos que permitan vivir. Deben estar protegidas frente a las violencias y poder acceder a la formación y al empleo. Y toda persona que quiera salir de la prostitución debe poder hacerlo materialmente. 

Pero tener derechos no implica reconocer la prostitución como un oficio. Ese es precisamente el objetivo de nuestra posición: proteger a las personas sin legitimar el mercado que organiza su explotación. 

Porque reconocer la prostitución como un trabajo no significa únicamente otorgar un estatus a las personas en situación de prostitución. También significa reconocer como legítimos a quienes compran actos sexuales, a quienes organizan esta actividad y a quienes obtienen beneficios de ella. Significa dar una existencia económica y social a todo un mercado que precisamente buscamos combatir. 

Pero debemos ser exigentes con nuestra propia posición: nuestro abolicionismo solo tiene sentido si proporciona realmente los medios para salir de la prostitución. Aquí es donde nuestra responsabilidad sindical es esencial: defender itinerarios de salida suficientemente financiados, pero también el acceso a la vivienda, a los papeles, a la formación, al empleo y a recursos que permitan vivir. 

En otras palabras: crear las condiciones materiales para que la prostitución no sea una necesidad económica. 

Volver a situar al comprador de sexo en el centro 

Hay después algo que me parece esencial en este debate. El discurso sobre el «trabajo sexual» lleva a cabo una operación política extremadamente eficaz: concentra toda la atención en la persona en situación de prostitución. 

Su elección. Su consentimiento. Su autonomía. Su libertad. 

Y, mientras tanto, un personaje desaparece casi por completo: el comprador de sexo. 

Ahora bien, no habría sistema de la prostitución sin demanda. Sin hombres que consideran que su poder económico puede darles acceso sexual al cuerpo de otra persona. Por tanto, hay que invertir la pregunta. 

¿Por qué consideramos aceptable que un hombre pueda comprar un acceso sexual al cuerpo de otra persona? ¿Y por qué debería la sociedad reconocer y organizar este mercado? 

Esto es precisamente lo que cuestiona la ley de 2016 al penalizar a los compradores de sexo: la idea de que comprar un acto sexual sería un comportamiento socialmente neutro. El comprador de sexo no es exterior al sistema de la prostitución. Es una condición de su existencia. 

Y esta demanda es masivamente masculina. Por tanto, no estamos ante un mercado abstracto entre individuos iguales: el sistema de la prostitución está profundamente estructurado por las relaciones sociales de sexo y género. 

Estas relaciones se inscriben en una sociedad en la que las mujeres siguen teniendo una menor remuneración, están más expuestas a la precariedad, a las violencias y a las discriminaciones, y siguen asumiendo una parte desproporcionada del trabajo doméstico y parental. 

Es aquí donde la cuestión de clase y la del patriarcado se encuentran. Las desigualdades económicas permiten que unos compren el acceso sexual al cuerpo de otras personas. Por eso no podemos reducir el debate a la elección de la persona en situación de prostitución. Hay que poner en el centro al comprador de sexo, el dinero y las relaciones sociales de sexo y género. 

Y la libertad sexual que defendemos como feministas es la libre disposición del propio cuerpo. No puede convertirse, para quienes tienen los medios, en la libertad de comprar el acceso al cuerpo de otra persona. 

La prostitución también es una cuestión de dominación de clase 

Y probablemente sea aquí donde nuestra responsabilidad sindical sea más importante. 

Planteemos una pregunta muy concreta: si decidimos colectivamente que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, ¿quién ocupará estos empleos? 

¿Nuestras hijas? ¿Las mujeres tituladas de las clases privilegiadas? 

¿O, como ocurre en tantos sectores sobreexplotados, las mujeres más pobres, las mujeres migrantes, aquellas que tienen menos recursos y menos alternativas? 

Esta pregunta incomoda porque hace aparecer lo que el discurso sobre la «libre elección» tiende a borrar: la relación de clase. 

Sabemos, como sindicalistas, que las elecciones no se ejercen independientemente de las condiciones materiales de existencia. Tener ingresos, vivienda, papeles, protección social, acceso a la formación y al empleo significa tener más opciones. 

Por eso la abolición del sistema de la prostitución es inseparable del conjunto de nuestras reivindicaciones sociales. Aquí es donde la lucha abolicionista se encuentra directamente con la lucha sindical. Somos una federación de sindicatos de lucha y de transformación social. Nuestro papel no consiste simplemente en tomar nota de las relaciones económicas existentes e intentar hacerlas un poco menos violentas. Luchamos por los salarios, la protección social, los servicios públicos y la igualdad profesional porque sabemos que la libertad real requiere derechos y autonomía económica. 

Es exactamente el mismo marco de análisis que debemos aplicar a la prostitución. 

Nuestra respuesta a la pobreza de las mujeres no puede ser ampliar aquello que pueden vender. Nuestra respuesta a la precariedad de las mujeres extranjeras no puede ser organizar un mercado en el que su vulnerabilidad se convierta en un recurso económico. 

Nuestra respuesta a las desigualdades entre mujeres y hombres no puede ser transformar el poder económico de unos en un derecho de acceso sexual al cuerpo de otras personas. 

Por eso la abolición del sistema de la prostitución es plenamente una cuestión de clase. 

La supuesta modernidad de los argumentos a favor del trabajo sexual es una ilusión 

Quisiera terminar con una última idea, porque atraviesa muchos debates sobre la prostitución: por un lado habría una posición moderna, progresista, la del reconocimiento del «trabajo sexual», y por otro un abolicionismo necesariamente moralista, paternalista e incluso reaccionario. 

Creo que hay que cuestionar realmente esta oposición. Y la actualidad nos proporciona, por cierto, un ejemplo bastante esclarecedor: en Francia, actualmente es el Rassemblement national quien defiende la reapertura de lugares de prostitución. 

Esto no es insignificante. Muestra al menos una cosa: el reconocimiento de un mercado de la prostitución no tiene nada de intrínsecamente progresista. La extrema derecha puede perfectamente retomar el vocabulario de la protección, la seguridad, la autonomía o el acceso a los derechos para defender, detrás de estas palabras, una concepción profundamente conservadora de las relaciones entre mujeres y hombres. 

Porque lo que nunca se cuestiona en esta lógica es la demanda masculina. Se considera que existe, que existirá siempre, que sería inútil combatirla y que, por tanto, habría que organizar un mercado para responder a ella. Y, en consecuencia, organizar la disponibilidad sexual de determinadas mujeres. Para mí, es precisamente ahí donde hay que invertir el debate. 

¿Qué hay de progresista en considerar insuperable el hecho de que los hombres compren el acceso sexual al cuerpo de las mujeres? ¿Qué hay de emancipador en responder a las desigualdades económicas y sociales organizando un mercado que permita a quienes tienen dinero comprar ese acceso? 

Presentar esta mercantilización como una elección individual o como el ejercicio de una libertad no basta para hacer desaparecer la relación social. Hay que volver siempre a preguntas que, en definitiva, son muy sencillas: ¿quién tiene el dinero? ¿Quién compra? ¿Quién es comprado? ¿Quién organiza el mercado? ¿Y quién obtiene beneficios de él? 

También por eso rechazamos la idea de que el abolicionismo sea una posición del pasado. 

Nuestro sindicalismo de transformación social no consiste, por tanto, en considerar que todo mercado existente debería ser reconocido, organizado y regulado. Combatimos el capitalismo y su lógica de mercantilización, que obtiene beneficios de las desigualdades y de las relaciones de dominación y amplía cada vez más el ámbito de aquello que puede comprarse y venderse. 

Y combatimos con la misma determinación a la extrema derecha, el fascismo y sus proyectos reaccionarios, que pretenden devolver a las mujeres a su lugar, atacan sus derechos y los de las personas LGBTQIA+, y defienden un orden social basado en la jerarquía, las desigualdades y la dominación. 

Por tanto, no es casualidad que nuestra lucha abolicionista coincida a la vez con nuestra lucha feminista, nuestra lucha contra el capitalismo y nuestra lucha contra la extrema derecha. Estas luchas forman parte de un mismo proyecto de transformación social: negarse a naturalizar las dominaciones, negarse a convertirlas en mercados y combatir las relaciones sociales que las producen. 

No todo está en venta. Y la emancipación no consiste en ampliar indefinidamente el ámbito de lo que las mujeres pueden vender. 

Consiste en conquistar los derechos y las condiciones materiales de nuestra libertad, y en transformar radicalmente la sociedad que produce estas desigualdades y estas dominaciones. 

Conclusión 

Podemos defender los derechos, la seguridad y la dignidad de las personas en situación de prostitución al mismo tiempo que combatimos el sistema de la prostitución. No hay ninguna contradicción en ello. 

Podemos escuchar a quienes se definen como trabajadoras o trabajadores sexuales sin considerar que su experiencia individual deba determinar por sí sola nuestro análisis político. 

Porque nuestro horizonte sindical nunca ha sido hacer que la explotación resulte más aceptable. Consiste en combatir las relaciones sociales que la producen. 

Este es todo el sentido de nuestro abolicionismo: un abolicionismo de lucha de clases, feminista y de transformación social. 

La emancipación de las trabajadoras y de las mujeres no consiste en ampliar el ámbito de lo que pueden vender. Consiste en conquistar colectivamente los derechos y las condiciones materiales que permiten no tener que hacerlo. 

Por eso nuestro abolicionismo es feminista. Y por eso es plenamente sindical. 

Claire Fortassin, SNUEP- FSU 

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